ESTATUTOS DEL COLEGIO OFICIAL DE DIPLOMADOS EN TRABAJO SOCIAL Y ASISTENTES SOCIALES DE SEVILLA
TEXTO APROBADO EN ASAMBLEA GENERAL DEL COLEGIO OFICIAL DE DIPLOMADOS EN TRABAJO SOCIAL Y ASISTENTES SOCIALES DE SEVILLA EL 25 DE MAYO DEL 2010.
ÍNDICE
TÍTULO I — DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Naturaleza Jurídica.
Artículo 2. Ámbito territorial.
Artículo 3. Autonomía del Colegio.
Artículo 4. Normativa reguladora.
Artículo 5. Relación con la Administración.
Artículo 6. Emblema oficial.
Articulo 7. Sede, domicilio y radicación.
TÍTULO II — FINES Y FUNCIONES DEL COLEGIO OFICIAL
Artículo 8. Fines de carácter general.
Artículo 9. Funciones y competencias.
Articulo10. Interpretación.
TÍTULO III — PRINCIPIOS DE GESTIÓN DEL COLEGIO
Artículo 11. Ventanilla única.
Artículo 12. Servicio de atención a los colegiados.
Artículo 13. Servicio de atención a la ciudadanía.
Artículo 14. Memoria anual.
TÍTULO IV — DE LA PROFESIÓN DEL TRABAJO SOCIAL
Capítulo I. La profesión del Trabajo Social.
Artículo 15. Concepto de la profesión del Trabajo Social.
Artículo 16. Modalidades del ejercicio profesional.
Artículo 17. Publicidad de los servicios.
Artículo 18. Honorarios.
Capítulo II. Facultades y funciones profesionales.
Artículo 19. Facultades generales.
Artículo 20. Facultades específicas.
Artículo 21. Funciones profesionales.
Artículo 22. Instrumentos de la Profesión.
Capítulo III. Del ejercicio de la profesión.
Artículo 23. Requisitos del ejercicio de la Profesión.
Artículo 24. Solicitud de Colegiación.
Artículo 25. Resolución sobre la colegiación.
Artículo 26. Adquisición de la condición de colegiada/o.
Artículo 27. Pérdida de la condición de colegiada/o, e inhabilitación.
Artículo 28. Colegiada/o no ejerciente.
Capítulo IV. Derechos y deberes de las/los colegiadas/os.
Artículo 29. Derecho de las/los colegiadas/os.
Artículo 30. Deberes de las/los colegiadas/os.
TÍTULO V — DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
Artículo 31. Organización del Colegio.
Capítulo I. La Asamblea General.
Articulo 32. Composición y naturaleza.
Artículo 33. Convocatoria. Tiempo y lugar.
Artículo 34. Funcionamiento.
Artículo 35. Constitución y formación de acuerdos/toma de decisiones.
Artículo 36. Actas.
Artículo 37. Funciones de la Asamblea General.
Capítulo II. La Junta de Gobierno.
Artículo 38. Naturaleza y composición.
Artículo 39. Funcionamiento.
Artículo 40. Funciones.
Artículo 41. El/a Presidente/a del Colegio.
Artículo 42. El/a Vicepresidente/a del Colegio.
Artículo 43. El/a Secretario/a del Colegio.
Artículo 44. El/a Tesorero/a del Colegio.
Artículo 45. Los Vocales de la Junta de Gobierno.
Articulo 46. Las comisiones y grupos de trabajo.
Capítulo III. La elección de la Junta de Gobierno.
Artículo 47. Condiciones de elección.
Artículo 48. Electores.
Articulo 49. Procedimiento electoral.
Artículo 50. Ausencia de candidaturas.
Artículo 51. Única candidatura.
Articulo 52. De los ceses.
Articulo 53. Junta Gestora.
Capítulo IV. La moción de censura.
Artículo 54. Moción de censura.
TÍTULO VI — RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO.
Artículo 55. Capacidad patrimonial.
Artículo 56. Recursos económicos ordinarios.
Artículo 57. Recursos económicos extraordinarios.
TÍTULO VII — DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO
Capítulo I. Tipificación de infracciones y sanciones.
Artículo 58. Potestades disciplinarias.
Artículo 59. Infracciones.
Artículo 60. Sanciones.
Artículo 61. Prescripción.
Capítulo II. Procedimiento sancionador.
Artículo 62. Actuaciones previas y expediente sancionador.
Artículo 63. Resolución de expedientes.
TÍTULO VIII — EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ACTOS COLEGIALES.
Artículo 64. Eficacia en los actos y acuerdos.
Artículo 65. Libro de actas.
Artículo 66. Nulidad de pleno derecho.
Artículo 67. Anulabilidad.
Artículo 68. Recursos.
TÍTULO IX — DE LAS DISTINCIONES Y PREMIOS.
Artículo 69. Regulación.
TÍTULO X — DISOLUCIÓN DEL COLEGIO
Artículo 70. Disolución.
TÍTULO XI — FUSIÓN Y SEGREGACIÓN
Artículo 71. Fusión y segregación.
TÍTULO XII — DE LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO PARTICULAR DEL COLEGIO
Artículo 72. Procedimiento.
Disposición Transitoria
Disposición Derogatoria
Disposición Final
TÍTULO 1 – DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Naturaleza Jurídica.
El Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Sevilla, creado por Ley 10/82, de 13 de Abril es una Corporación de Derecho Público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar en el lícito cumplimiento de sus fines, amparada por la Ley y reconocida por el Estado y la Comunidad Autónoma Andaluza.
Artículo 2. Ámbito territorial.
1. El Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Sevilla, como Corporación representativa de la profesión, se extiende al ámbito territorial de la Provincia de Sevilla e integra a quienes posean el título de Diplomado Universitario en Trabajo Social y/o de Asistentes Sociales y Graduados en Trabajo Social, con validez oficial según el Ordenamiento Jurídico, desarrollen las actividades propias de su profesión en el ámbito de la provincia de Sevilla y tengan su domicilio profesional único o principal en la referida provincia, de acuerdo con las normas vigentes sobre colegiación establecidas por el Estado y por la Comunidad Autónoma de Andalucía”.
Artículo 3. Autonomía del Colegio.
1. El Colegio de Sevilla es autónomo en su ámbito de actuación, integrándose en el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales y en el Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales, según sus respectivas normas reguladoras.
2. En el ámbito de su autonomía, para el cumplimiento de sus fines podrá a título oneroso o lucrativo enajenar, vender, gravar, poseer y reivindicar toda clase de bienes y derechos, contraer obligaciones y ejercer cuantas acciones procedan en su defensa, a través de sus órganos de gobierno, cuyas estructuras representativas están constituidas democráticamente.
Artículo 4. Normativa reguladora.
1. El Colegio se regirá, en el marco de la legislación básica del Estado, por lo dispuesto en la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía y sus normas de desarrollo, por su Ley de creación, por la Ley 17/2.009, de 23 de noviembre sobre libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio y por la Ley 2/1.974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales.
2. De igual forma, se regirá por los presentes Estatutos y los reglamentos de régimen interno que lo desarrollen, así como por los acuerdos de sus órganos de gobierno y por los acuerdos que adopten el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales y por el Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales, en el ámbito de sus respectivas competencias.
3. De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 2/1.974, de 13 de febrero, el Colegio se rige por el principio de igualdad de trato y no discriminación en el acceso y ejercicio de la profesión colegiada.
Artículo 5. Relación con la Administración.
El Colegio se relacionará con las Administraciones Públicas, a través del Consejo General y del Consejo Andaluz en sus respectivos ámbitos territoriales y directamente con los que tengan competencias en Sevilla y provincia, en cualquier nivel funcional.
Artículo 6. Emblema oficial.
El emblema profesional es el descrito en la Orden Ministerial de 25 de Octubre de 1966 circundado por la leyenda “Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Sevilla”, sin perjuicio de que el Colegio utilice otras imágenes en su difusión corporativa.
Artículo 7. Sede, domicilio y radicación.
1. La sede social del Colegio radicará en la ciudad de Sevilla, en la Avda. San Francisco Javier, 24 - 1º Planta, Módulos 5-11, pudiendo designarse otra sede por acuerdo de la Junta de Gobierno del Colegio sin necesidad de modificar este Estatuto.
2. Los órganos y servicios colegiales radicarán en la sede del mismo. No obstante, la Junta de Gobierno podrá disponer o autorizar que dichos órganos o servicios se reúnan o se presten, en casos determinados, fuera de la sede del Colegio.
TÍTULO II – FINES Y FUNCIONES DEL COLEGIO OFICIAL
Artículo 8. Fines de carácter general.
Son fines esenciales del Colegio: la ordenación del ejercicio de la actividad profesional, dentro del marco legal vigente y en el ámbito de sus competencias , la representación institucional exclusiva de la profesión en Sevilla, con sujeción a lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 1 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, velar por el adecuado nivel de calidad de las prestaciones profesionales de sus colegiados, la defensa de los intereses profesionales de los colegiados y la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios del Colegio Oficial y la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados, sin perjuicio de la competencia de las Administraciones Públicas por razón de la relación funcionarial; la observancia de los principios jurídicos, éticos y deontológicos y la formación permanente de los colegiados.
Artículo 9. Funciones y competencias
En su ámbito de actuación, corresponde al Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Sevilla el ejercicio de las siguientes funciones:
1. Ostentar la representación y defensa de la profesión en los términos que establezcan las leyes para el cumplimiento de sus fines, ante las Administraciones, Instituciones, Tribunales, Entidades, particulares, etc., incluyendo la legitimación para ser parte en cuanto litigios afecten a los intereses profesionales, pudiendo ejercitar las acciones legales que resulten procedentes, con la posibilidad de ejercer el derecho de petición, de conformidad con la Ley, así como impulsar todas las reformas legislativas que considere convenientes en defensa de la profesión y de los colegiados.
2. Cuantas funciones redunden en beneficio de la protección de los intereses de los ciudadanos, los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados.
3. Desarrollar aquéllas que le encomienden las Administraciones Públicas, colaborando con ellas mediante la realización de estudios, emisión de informes, elaboración de estadísticas y otras actividades relacionadas con sus fines que puedan serles solicitadas o acuerden formular por propia iniciativa, así como informar sobre proyectos normativos que se refieran a las condiciones de acceso y ejercicio de la profesión.
4. Participar en los Consejos y Organismos consultivos de las Administraciones Públicas, en materias de competencia de la profesión, cuando esta participación sea preceptiva o lo requiera la Administración Pública correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.2.r) de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, de Colegios Profesionales de Andalucía.
5. Participar en la elaboración de los Planes de Estudios de los Centros Universitarios y Docentes de Sevilla correspondientes a la profesión y, en su caso, informar las normas de organización de los centro docentes, manteniendo contacto permanente con los mismos; así como preparar la información necesaria para facilitar el acceso a la actividad de los nuevos profesionales, en especial colaboración con las Universidades que impartan docencia en Sevilla.
6. Promover la dignificación social y económica de los colegiados, procurando su formación permanente e integral.
7. Promover la acción asociada de individuos, grupos y comunidades sevillanas afectadas por un conflicto social, al objeto de lograr su participación activa para transformar su situación.
8. Facilitar a los Tribunales con jurisdicción en esta provincia la relación de colegiados que pudieran ser requeridos para intervenir como peritos en asuntos judiciales o designarlos por sí mismo, según proceda.
9. Regular y ordenar la actividad profesional de los colegiados en el ámbito de sus competencias, velando por la ética y dignidad profesional, por el debido respeto a los derechos de los particulares, así como ejercer la facultad disciplinaria en el orden colegial y profesional.
10. Proponer y, en su caso, adoptar las medidas necesarias para evitar el intrusismo profesional y la competencia desleal, ejerciendo al respecto las acciones legales pertinentes.
11. Organizar actividades y servicios comunes para los colegiados de carácter cultural, asistencial, de formación y de previsión o análogos, de interés para los colegiados, ya sea directamente, ya sea por medio de acuerdos o convenios con entidades e instituciones, contribuyendo a su sostenimiento económico mediante los recursos necesarios.
12. Procurar la colaboración entre los colegiados de Sevilla y de otras corporaciones, impidiendo la competencia desleal entre ellos.
13. Intervenir como mediador y en procedimientos de arbitraje en los conflictos que, por motivos profesionales, se susciten entre los colegiados, entre los colegiados y los ciudadanos, y entre éstos cuando lo decidan libremente, todo ello de acuerdo con la normativa estatal vigente en materia de arbitraje.
14. Establecer servicios para el cobro de honorarios de los colegiados que así lo demanden así como informar en procedimientos judiciales o administrativos en los que se discutan aquéllos.
15. Visar los trabajos profesionales de acuerdo con lo que se determine legalmente, cuando se solicite expresamente por los clientes de los colegiados o por las Administraciones Públicas. En caso de ser preceptivo el visado su coste será razonable y no discriminatorio. El Colegio Oficial publicará los precios aplicables y el visado podrá tramitarse por vía telemática.
16. Aprobar anualmente sus presupuestos, fijando las obligadas aportaciones económicas de los colegiados.
17. Designar a sus representantes en el Consejo Andaluz y en cuantos órganos sea preciso.
18. Colaborar con el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales en el cumplimiento de sus fines, impulsando su actuación desde Sevilla, así como la promoción de los profesionales andaluces.
19. Elaborar y aprobar su Estatuto Particular, así como las modificaciones del mismo; redactar y aprobar sus reglamentos de régimen interior y adoptar acuerdos para el desarrollo de sus competencias.
20. Llevar un registro de todos los colegiados, en el que conste, al menos, testimonio del título académico oficial, la fecha de alta en el Colegio, el domicilio profesional y de residencia, la firma actualizada y cuantas circunstancias afecten a su habilitación para el ejercicio profesional, sin perjuicio de lo que al respecto regula la Ley de Protección de Datos..
21. Cumplir y hacer cumplir a los colegiados las Leyes, el Estatuto Particular del Colegio y los reglamentos de régimen interior, así como los acuerdos adoptados por los órganos colegiales en las materias de su competencia.
22. Adoptar las medidas necesarias para garantizar que los/as colegiados/as cumplan con la obligación que tienen de suscribir un seguro que cubra los riesgos por responsabilidad civil en que pudieran incurrir como consecuencia del ejercicio de la profesión.
23. Velar porque la conducta de los colegiados en materia de comunicaciones comerciales sea ajustada a lo dispuesto en la Ley.
24. Elaborar código deontológico de la profesión en el ámbito de sus competencias, de conformidad con las leyes vigentes.
25. Ejercer cuantas funciones puedan redundar en beneficio de los colegiados y de la profesión en general y cualesquiera le encomienden las disposiciones legales.
26. Atender las solicitudes de información sobre sus colegiados y sobre las sanciones firmes a ellos impuestas, así como las peticiones de inspección o investigación que les formule cualquier autoridad competente de un Estado miembro de la Unión Europea en los términos previstos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, en particular en lo que se refiere a que las solicitudes de información y de realización de controles, inspecciones e investigaciones estén debidamente motivadas y que la información obtenida se emplee únicamente para la finalidad para la que se solicitó.
Artículo 10. Interpretación.
1. Corresponde a la Asamblea General y a la Junta de Gobierno del Colegio la facultad de dictar disposiciones interpretativas o aclaratorias de todas las normas comprendidas en el artículo 9, cualquiera que fuere su rango y aplicabilidad, a excepción de las que integren la legislación imperativamente aplicable.
2. El contenido de esas disposiciones se integrará con el de la norma interpretada o aclarada, y será de obligado acatamiento para todos los órganos del Colegio o para sus colegiadas/os.
3. Las disposiciones interpretativas o aclaratorias dictadas por la Asamblea General prevalecerán sobre las dictadas por la Junta de Gobierno.
TÍTULO III – PRINCIPIOS DE GESTIÓN DEL COLEGIO
Artículo 11. Ventanilla Única.
1. El Colegio Oficial dispondrá de una página web para que, a través de la ventanilla única prevista en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, los profesionales puedan realizar los trámites necesarios para la colegiación, el ejercicio de la profesión y su baja en el Colegio a través de un único punto de acceso, por vía electrónica y a distancia.
A través de la citada ventanilla única, los profesionales podrán:
a) Obtener los formularios necesarios y la información suficiente para el acceso a la actividad profesional y su ejercicio.
b) Presentar la documentación y solicitudes necesarias, incluyendo las que se exijan para su colegiación.
c) Conocer el estado de tramitación de los procedimientos en que se acredite la calidad de interesado y recibir notificaciones referidas a los actos de trámite preceptivos y su resolución por el Colegio.
d) Recibir notificaciones de expedientes disciplinarios a los que estén sometidos, cuando no fuera posible efectuarlas por otros medios y sin perjuicio de que se documenten las actuaciones de forma fehaciente por el Colegio.
e) Recibir las convocatorias para las Asambleas Generales, Ordinarias y Extraordinarias.
f) Recibir comunicaciones e información sobre las actividades públicas y privadas del Colegio.
2. A través de la ventanilla única, con el fin de garantizar los derechos de los consumidores y usuarios, el Colegio ofrecerá la siguiente información:
a) Acceso al Registro de colegiados actualizado y que contendrá, al menos, los siguientes datos: nombre y apellidos de los profesionales colegiados, número de colegiación, títulos oficiales que posean, domicilio profesional, datos de contacto y situación de habilitación profesional.
b) Acceso al Registro de Sociedades Profesionales conforme a las normas que le son de aplicación.
c) Información sobre las vías de reclamación y recursos que pueden interponerse en caso de conflicto entre un consumidor o usuario y un colegiado o el Colegio Profesional.
d) Información sobre los datos de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios a las que los destinatarios de los servicios profesionales pueden dirigirse para obtener asistencia.
e) Información sobre el contenido de los Códigos Deontológicos Profesionales.
Artículo 12. Servicio de atención a los colegiados.
El Colegio atenderá las quejas y reclamaciones presentadas por los colegiados, determinando los procedimientos a seguir en estos casos, mediante la aprobación por su Asamblea General de los reglamentos internos oportunos a los que se dará debida publicidad.
Artículo 13. Servicio de atención a la ciudadanía.
1. El Colegio dispondrá de un servicio de atención a los consumidores o usuarios que tramitará y resolverá las quejas y reclamaciones referidas a la actividad profesional de los colegiados y que formulen los consumidores y ususarios que contraten servicios profesionales o las Asociaciones de Consumidores y Usuarios, en su representación o defensa de sus intereses.
2. El Colegio, a través de este servicio de atención a los consumidores o usuarios resolverá sobre la queja o reclamación según proceda: informando sobre el sistema extrajudicial de resolución de conflictos, remitiendo el expediente a los órganos colegiales competentes para instruir espediente informativo o disciplinario o adoptando cualquier otra decisión conforme a derecho.
3. La regulación del servicio de atención a los consumidores o usuarios habrá de prever la presentación de quejas o reclamaciones por vía electrónica y a distancia.
Artículo 14. Memoria Anual.
1. El Colegio está sujeto al principio de transparencia en su gestión, por ello queda obligado a elaborar una memoria anual que contendrá la siguiente información:
a) Informe anual de la gestión económica, incluyendo los gastos de personal desglosados y especificando las retribuciones de los miembros de su Junta de Gobierno en razón de su cargo.
b) Importe de las cuotas percibidas, desglosadas por conceptos y por el tipo de servicios prestados, así como los criterios para su cálculo y aplicación.
c) Información agregada y estadística relativa a los procedimientos informativos y sancionadores en su fase de instrucción o que hayan alcanzado firmeza, de acuerdo en todo caso, con la legislación sobre protección de datos de carácter personal.
d) Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones presentadas por los consumidores o usuarios o sus organizaciones representativas, así como sobre su tramitación y los motivos de estimación o desestimación de la queja o reclamación, con respeto en todo caso, a la legislación sobre protección de datos de carácter personal.
e) Modificaciones en el contenido de los Códigos Deontológicos.
f) Normas sobre incompatibilidades y situaciones de conflictos de intereses en que se encuentren los miembros de su Junta de Gobierno.
g) Información estadística sobre la actividad de visado.
2. La memoria anual se hará pública a través de la página web del Colegio dentro del primer semestre de cada año.
TÍTULO IV – DE LA PROFESIÓN DEL TRABAJO SOCIAL
Capítulo I. La profesión del Trabajo Social.
Artículo 15. Concepto de la profesión del Trabajo Social.
1. La profesión del Trabajo Social se ejerce en régimen de libre y leal competencia mediante la aplicación de la ciencia y la técnica del Trabajo Social por quienes se hallen en posesión del Título de Diplomado en Trabajo Social, Asistente Social o Graduado en Trabajo Social.
2. El Trabajo Social es la disciplina de la que se deriva la actividad profesional de trabajador social y tiene por objeto la intervención social ante las necesidades sociales para promover el cambio, la resolución de los problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la libertad de la sociedad para incrementar el bienestar, mediante la utilización de teorías sobre el comportamiento humano y los sistemas sociales y aplicando la metodología específica en la que intervenga el trabajo social de caso, grupo y comunidad. El Trabajo Social interviene en donde las personas interactúan con su entorno, siendo sus principios los derechos humanos y la justicia social.
Artículo 16. Modalidades del ejercicio profesional.
La actividad profesional podrá desarrollarse por cuenta propia o ajena bajo las modalidades de contratación laboral o administrativa o según el estatuto funcionarial.
El ejercicio profesional en forma societaria se regirá por lo previsto en las leyes y las normas colegiales no establecerán restricciones a ello.
Los requisitos que obliguen a ejercer de forma exclusiva una profesión o que limiten el ejercicio conjunto de una o más profesiones, serán solo los que se establezcan por Ley
Artículo 17. Publicidad de los servicios.
El Trabajador Social que ejerza la profesión por cuenta propia podrá realizar por sí mismo o, con su previa autorización, por otros, la publicidad de sus servicios profesionales con absoluto respeto, en cualquier caso, a la dignidad de las personas, al secreto profesional y a la Ley de Defensa de la Competencia.
Los profesionales que presten servicios en gabinetes colectivos o empresas, deberán velar porque la publicidad de dichas entidades efectúen sobre servicios directa o indirectamente relacionados con su profesión, obedezcan a criterios de veracidad y objetividad y cumplan la normativa deontológica en esta materia.
Artículo 18. Honorarios.
El Trabajador Social que ejerza por cuenta propia su profesión tiene derecho a una compensación económica por parte de las personas o entidades que requieran sus servicios profesionales, así como al reintegro de los gastos que de dicha prestación se deriven.
La cuantía de los honorarios será libremente convenida entre el usuario y el profesional, con respeto en todo caso, a las normas deontológicas y de defensa de la competencia en vigor.
Capítulo II. Facultades y funciones profesionales.
Artículo 19. Facultades generales.
1. Los Trabajadores Sociales están facultados para ejercer las funciones que les otorga su saber teórico científico y, con carácter general, se dedican al fomento del bienestar de las personas y a potenciar su realización, además de a desarrollar y aplicar su disciplina científica tanto en las relaciones humanas y sociales, como a los servicios sociales destinados a satisfacer las necesidades sociales de individuos y grupos.
2. Los Trabajadores Sociales, además, ejercen funciones que se orientan a:
a) Ayudar a las personas a desarrollar las capacitaciones que les permitan resolver problemas sociales individuales y colectivos.
b) Promover la integración y el desarrollo individual de las personas.
c) Promover y actuar para el establecimiento de servicios y políticas sociales adecuadas o de alternativas para los recursos socioeconómicos existentes.
d) Facilitar información y conexiones sociales con los organismos de recursos socioeconómicos.
3. Para todo ello, los Trabajadores Sociales tienen facultades para planificar, programar, proyectar, calcular, aplicar, coordinar y evaluar los servicios y políticas sociales destinados a personas, grupos y comunidades; así como para canalizar recursos y prestaciones a todos los sectores de la población, realizando estudios sobre planificación, desarrollo, evaluación y programación de las políticas sociales.
Artículo 20. Facultades específicas.
1. Los Trabajadores Sociales están facultados de manera concreta, exclusiva y específica para la utilización y aplicación de los instrumentos propios del Trabajo Social propuestos para el tratamiento, formulación de pronósticos y resolución técnica de los problemas sociales, emitiendo y firmando el informe social pertinente, tras la verificación de la información obtenida.
2. También están facultados para emitir los dictámenes profesionales que les sean requeridos y se les encomienden por los consumidores o usuarios de sus servicios, peronas físicas o jurídicas, entidades públicas o privadas y por las Administraciones Públicas en general; así como para intervenir y comparecer como peritos en procesos y actuaciones judiciales de cualquier índole y ámbito jurisdiccional donde sea precisa la práctica de su pericia profesional conforme a las reglas del Trabajo Social.
Artículo 21. Funciones profesionales
Conforme a lo dispuesto en los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Trabajo Social las funciones a desarrollar por los Trabajadores Sociales en su ejercicio profesional, tanto por cuenta propia como ajena son las de: prevención, atención directa a individuos o grupos, planificación a nivel micro y macrosocial, docente, de promoción e inserción social, de mediación, de supervisión de programas y servicios, evaluación, gerencia de centros, programas y servicios, investigación y coordinación de profesionales.
Artículo 22. Instrumentos de la profesión.
Son instrumentos propios de del Trabajador Social en el ejercicio de su profesión:
1. Historia Social. Es el documento en el que se registran exhaustivamente los datos personales, familiares, sanitarios, de vivienda, económicos, laborales, educativos y otros siginificativos de la situación socio-familiar de un usuario, su demanda, el diagnóstico, intervención social y evolución de la situación.
2. Informe Social. Es el dictamen técnico que sirve de instrumento documental que elabora y firma con su número de colegiado con carácter exclusivo. Su contenido deriva del estudio, observación y entrevistas y refleja la situación estudiada, su valoración, dictamen técnico y propuesta de intervención profesional.
3. Ficha social. Es el instrumento científico que sirve para identificar situaciones sociales y permite elaborar un diagnóstico social.
4. Proyecto de intervención social. Es el diseño que comprende una evaluación y diagnóstico de situación y personas, grupo o comunidad con quienes actuar, una determinación de objetivos operativos,actividades, utilización de recursos y criterios de evaluación.
Capítulo III. Del ejercicio de la profesión.
Artículo 23. Requisitos del ejercicio de la Profesión
Son requisitos para el ejercicio de la profesión en la Provincia de Sevilla, de acuerdo con las normas vigentes sobre colegiación establecidas por el Estado y por la Comunidad Autónoma de Andalucía:
a) Hallarse en posesión del título oficial de Diplomado en Trabajo Social y/o Asistente Social y/o Graduado en Trabajo Social.
b) Incorporarse al Colegio de Sevilla si en su ámbito radica el domicilio profesional principal o único. En caso de ejercicio profesional en el ámbito de este Colegio estando ya inscrito en otro Colegio Oficial, a los efectos de ejercer las competencias de ordenación y potestad disciplinaria que corresponden al Colegio Oficial de Sevilla, en beneficio de los consumidores y usuarios, se arbitrarán los oportunos mecanismos de cooperación y comunicación con los restantes Colegios Oficiales. Ello no implicará el pago de contraprestación alguna distinta a las que habitualmente se exija a los colegiados en Sevilla. En el caso de desplazamiento temporal de un profesional de otro Estado miembro de la Unión europea, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente en aplicación del derecho Comunitario relativo al reconocimiento de cualificaciones.
c) No padecer impedimentos físicos o mentales que por su objetiva naturaleza imposibiliten el cumplimiento de las funciones propias de la profesión, según declaración del tribunal o comisión que en cada caso se determine.
d) No hallarse inhabilitado ni suspendido para el ejercicio profesional en virtud de Sentencia firme, ni sancionado por el Colegio a esos fines.
e) Satisfacer y estar al corriente de pago de las cuotas y cargas colegiales, en la forma prevista en estos Estatutos y normas que los desarrollen.
Artículo 24. Solicitud de Colegiación.
Para incorporarse al Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Sevilla, deberá el interesado acreditar los siguientes requisitos:
a) Presentar la correspondiente solicitud dirigida al Presidente de la Junta de Gobierno, acompañando el título universitario o certificado académico oficial equivalente junto con el recibo de haber satisfecho los derechos de expedición del título; la resolución de reconocimiento de la titulación equivalente para profesionales de la Unión Europea; o la resolución de convalidación de estudios para profesionales con títulos expedidos por países no miembros de la Unión Europea.
b) Presentar la documentación que acredite sus altas fiscales y en Seguridad Social, o justificar las causas de exención de tales obligaciones si se trabaja por cuenta ajena o se está en situación de desempleo.
c) Abonar la cuota de inscripción o traslado, acreditando si ya se ha estado inscrito en otro Colegio, estar al corriente del pago de las cuotas en la Corporación de origen. La cuota de inscripción no podrá superar en ningún caso los costes asociados a su tramitación.
El Colegio, conforme al artículo 11.1 de estos Estatutos, dispondrá de los medios necesarios para que los solicitantes puedan tramitar la colegiación por vía telemática.
Artículo 25. Resolución sobre la colegiación.
1. El Colegio habrá de dictar resolución sobre la colegiación dentro del plazo de tres meses desde que se hubiere presentado la solicitud, cumpliendo todos los requisitos exigidos para ella.
2. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado a la persona solicitante la resolución expresa, se entenderá estimada su solicitud de colegiación. Dicho acto presunto se regirá por lo dispuesto en la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3. No obstante, el Colegio podrá instrumentar reglamentariamente un sistema de colegiación provisional por resolución del órgano que se determine, con efectos de colegiación hasta que se dicte la Resolución definitiva sobre la misma.
Artículo 26. Adquisición de la condición de colegiada/o.
1. La adquisición de la condición de colegiado/a se hará efectiva mediante resolución expresa del Colegio, previa la constatación del cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo anterior.
2. El expediente de alta podrá suspenderse por el tiempo necesario para que el solicitante aporte los documentos pertinentes, debiendo ser formalmente requerido para ello.
3. La colegiación se denegará por las causas previstas en estos Estatutos, siendo recurrible tal resolución en la forma prevista en el Título VIII y en el artículo 34 de los Estatutos del Consejo Andaluz, en la forma y plazos establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
4. En los casos de desplazamiento temporal de un profesional de otro Estado miembro de la Unión Europea, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente sobre reconocimiento de cualificaciones.
Artículo 27. Pérdida de la condición de colegiada/o, e inhabilitación.
La pérdida de la condición de colegiada/o se producirá en los siguientes supuestos:
a) Baja voluntaria por cese en el ejercicio de la profesión o por su incorporación a otro Colegio Oficial de Trabajo Social comunicada por el Colegiado/a.
b) Por impago de cuotas atrasadas correspondientes a tres períodos, previo requerimiento de pago. Se entenderá por período a este efecto, el correspondiente a cada recibo que el Colegio gire a las/os colegiadas/os. El requerimiento habrá de comprender la indicación concreta de las cuotas atrasadas que hayan dado lugar al mismo, así como la consecuencia de baja si no fuere atendido; transcurrido un mes desde la notificación del requerimiento al moroso, sin haberse abonado todas las cuotas señaladas en el mismo, se dictará el acto colegial de pérdida de la condición de colegiado, que tendrá efectos desde que se le notifique dicho acto.
c) Ser condenado por Sentencia firme que conlleve la pena de inhabilitación para el ejercicio profesional, mientras no quede extinguida la responsabilidad.
d) Ser sancionado con la expulsión del Colegio de Sevilla, por resolución firme.
e) Por fallecimiento.
f) Por incapacidad legal.
En todos los casos el Colegio perseguirá en la forma más amplia que proceda en derecho, que quien cause baja no ejerza la profesión en el ámbito del mismo, comunicando a la Administración y a los Consejos Andaluz y Estatal los nombres de quienes pierdan la condición de Colegiado.
Artículo 28. Colegiada/o no ejerciente
Quedan eximidos del pago de cuotas los colegiados que pasen a la situación de la jubilación.
Capítulo IV. Derechos y deberes de las/los colegiadas/os.
Artículo 29. Derecho de los colegiadas/os
Son derechos de los colegiados/as de Sevilla:
a) Ejercer la profesión con plena libertad dentro del vigente marco jurídico, deontológico y estatutario.
b) Participar en la gestión corporativa, ejercer el derecho de petición y queja, voto, acceso a los puestos directivos y a los recursos.
c) Recabar y obtener del Colegio la asistencia y protección que pueda necesitar en el ejercicio de su profesión, así como cuando considere lesionados sus derechos profesionales o colegiales.
d) Participar, en el uso y disfrute de los bienes, servicios y actividades del Colegio en las condiciones establecidas para los mismos.
e) Ser informado semestralmente de la actuación del Colegio de forma permanente mediante las oportunas publicaciones. así como beneficiarse de las actividades y servicios comunes de interés para los/as colegiados/as de carácter profesional, formativo, cultural, asistencial y de prevención.
f) Exigir del Colegio el visado de sus trabajos e informes profesionales, cuando así se determine legalmente.
g) Guardar el secreto profesional y ser amparado en su defensa, sin perjuicio de las comunicaciones con otros profesionales sobre el tratamiento de cada caso o intervención.
h) Ostentar el emblema profesional y utilizar el carnet profesional.
i) Inscribirse en los turnos de intervención que gestione el Colegio en la forma que se determine reglamentariamente.
j) Cualesquiera otros que le vengan reconocidos por las disposiciones legales y, en especial, el derecho de sufragio activo y pasivo en la elección de los miembros de los órganos de gobierno, el de promover la remoción de los titulares de los órganos de gobierno mediante el voto de censura, el de promover actuaciones de los órganos de gobierno por medio de iniciativas y el de crear agrupaciones representativas de intereses específicos en el seno del Colegio.
Artículo 30. Deberes de las/los colegiadas/os
Las/os colegiadas/os asumirán con la condición de tales, el deber de:
a) Ejercer las funciones profesionales de acuerdo con la ética, las normas deontológicas y de manera competente.
b) Ajustar su actuación a las exigencias legales y estatutarias y someterse a los acuerdos adoptados por los órganos del Colegio.
c) Comparecer ante las comisiones, Junta de Gobierno o Asamblea cuando así sea requerido, salvo causa justificada.
d) Satisfacer las cuotas y demás cargas corporativas, ordinarias y extraordinarias, que en cada momento fije este Colegio.
e) Notificar al Colegio cualquier acto de intrusismo, ejercicio ilegal o competencia desleal de los que tenga conocimiento.
f) Actuar lealmente con los demás profesionales y con los órganos y empleados del Colegio.
g) Guardar el secreto profesional, sin perjuicio de las comunicaciones interprofesionales encaminadas al correcto tratamiento de los casos.
h) Cooperar con la Junta de Gobierno, facilitar la información que se le demande en asuntos de interés profesional y participar en las actividades del Colegio.
i) Comunicar al Colegio los cambios de domicilio profesional.
j) Adecuar su situación a las normas fiscales, jurídicas o económicas vigentes en cada momento.
k) Adecuar sus conocimientos profesionales a las exigencias sociales.
l) Cumplir estos Estatutos y sus normas de desarrollo, así como las resoluciones dictadas por los órganos del Colegio con reserva de los Recursos pertinentes.
m) Asistir a las Asambleas Generales.
n) Cualesquiera otros que deriven de las normas vigentes en cada momento, en especial tener cubierto mediante seguro los riesgos de responsabilidad civil.
TÍTULO V – DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
Artículo 31. Organización del Colegio.
Son órganos de gobierno de esta Corporación: la Asamblea General, como órgano máximo de decisión, y la Junta de Gobierno, como órgano representativo y de gestión.
Capítulo I. La Asamblea General
Artículo 32. Composición y naturaleza
1. Pueden participar en ella todos los colegiados que estén en pleno ejercicio de sus derechos.
2. Está compuesta en cada sesión por el Presidente del Colegio, miembros de la Junta de Gobierno y todos los colegiados presentes o legalmente representados.
3. Sus acuerdos, válidamente adoptados, obligan a todos los colegiados, incluso los que voten en contra, se abstengan o no asistan.
Artículo 33. Convocatoria. Tiempo y lugar.
1. La facultad de convocar la Asamblea General corresponde a la Junta de Gobierno. No obstante, la Junta de Gobierno vendrá obligada a convocar la Asamblea General en los siguientes supuestos:
a) Para dar cumplimiento a la aprobación del presupuesto y de las cuentas del Colegio.
b) Además, cuando medie petición escrita de, al menos, el 10% de las personas colegiadas.
2. La convocatoria deberá ir acompañada del orden del día comprensivo de los asuntos a tratar, así como del lugar, fecha y hora de la reunión. La convocatoria habrá de incluir, necesariamente, los asuntos señalados en la solicitud a la que se ha hecho referencia en el apartado anterior.
3. La convocatoria se transmitirá a las personas colegiadas a través de los siguientes medios:
a) Directamente al domicilio que conste de los mismos en el Colegio, a través del sistema de ventanilla única por medio telemático, por correo, servicio de mensajería u otro análogo que deje acreditada su recepción, al menos con diez días naturales de antelación a la fecha de celebración de la Junta General de que se trate.
b) Mediante anuncio inserto en el tablón de anuncios del Colegio, con la misma antelación.
4. Desde la fecha de antelación indicada, estará a disposición de las personas colegiadas en la sede del Colegio la documentación relativa a los asuntos comprendidos en el orden del día.
Artículo 34. Funcionamiento
1. Las Asambleas, que podrán ser ordinarias o extraordinarias, serán convocadas por la Junta de Gobierno, previa citación personal a cada colegiado, adjuntando el correspondiente orden del día que deberá cursarse, al menos, con diez días naturales de antelación. En dicho plazo deberá estar a disposición de las personas colegiadas la documentación relativa a los asuntos comprendidos en el orden del día.
2. Se celebrarán al menos dos Asambleas Ordinarias al año, una dentro del primer trimestre natural para la aprobación de las cuentas anuales y memoria de gestión; y otra dentro del último trimestre, para aprobar el presupuesto del siguiente ejercicio y el plan de actividades del siguiente año.
3. Las Asambleas Extraordinarias se convocarán cuando lo acuerde la Junta de Gobierno o cuando así lo solicite al menos el 10% del total de los colegiados según el censo oficial, debiendo formular escrito motivado y firmado en el que consten los asuntos a tratar.
El Presidente convocará de inmediato la Asamblea solicitada por los colegiados.
4. Todos los colegiados tienen el derecho a asistir con voz y voto a las Asambleas, admitiéndose el voto por delegación o representación, mediante autorización escrita para cada sesión y siempre para otro colegiado, sólo serán válidas las entregadas al Secretario antes de su inicio.
Artículo 35. Constitución y formación de acuerdos/toma de decisiones.
1. La Asamblea quedará válidamente constituida en primera convocatoria con la asistencia de la mitad más uno de los colegiados presentes o representados según el censo oficial del mes de celebración; y, media hora más tarde, en segunda convocatoria, con cuantos colegiados estén presentes o representados.
2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los/as colegiados/as presentes o legalmentes representados/as, salvo lo dispuesto en los artículos 69 y 70, decidiendo los empates el voto de calidad del Presidente.
El voto será secreto si así lo solicita algún asistente y sea aprobado por mayoría de los presentes en previa votación a mano alzada.
3. De cada sesión se levantará Acta, conteniendo las circunstancias de la sesión, asistentes, asuntos y deliberaciones, así como acuerdos adoptados, debiendo ser firmada por el Presidente, Secretario y tres colegiados asistentes elegidos por la propia Asamblea; siendo ejecutivos los acuerdos desde ese mismo momento.
Las actas se aprobarán en la siguiente reunión de la Asamblea quedando así reflejado en el correspondiente orden del día.
Artículo 36. Actas.
1. De cada reunión de Asamblea General se extenderá un acta que será aprobada en los quince días siguientes por quienes ostenten la Presidencia y la Secretaría del Colegio, quienes la firmarán seguidamente. En el caso de que en dicho plazo no se hubiere producido la aprobación del acta, la misma corresponderá a la Junta de Gobierno, y será firmada por la/el Presidenta/e y Secretaria/o del Colegio.
2. El acta recogerá una indicación sucinta del desarrollo de la reunión y los acuerdos adoptados. También recogerá las observaciones, reparos y votos contrarios formulados por las/os asistentes por escrito o verbalmente en el curso de la reunión, cuando los mismos pretendan su reflejo en el acta.
3. La/el Presidenta/e del Colegio se encuentra expresamente facultado para elevar a instrumento público todos los acuerdos de la Asamblea General.
4. Las certificaciones de las actas, que se librarán en el plazo máximo de cinco días a partir de la recepción de la petición, deberán ser expedidas y firmadas por la/el Secretaria/o del Colegio con el visto bueno de la/el Presidenta/e del mismo.
Artículo 37. Funciones de la Asamblea General.
Corresponde a la Asamblea General el ejercicio de las siguientes funciones:
a) Aprobar y reformar los Estatutos del Colegio, Reglamento de Régimen Interior y normas rectoras de organización y funcionamiento del Colegio, así como sus modificaciones.
b) Aprobar los presupuestos, memoria anual de actividades del Colegio y la cuenta de ingresos y gastos.
c) Determinar las cuotas, cargas y aportaciones económicas que deba satisfacer cada colegiado.
d) Exigir responsabilidad de los miembros de la Junta de Gobierno promoviendo, en su caso, moción de censura.
e) Decidir sobre cuantos asuntos aparezcan en el orden del día fijado por la Junta de Gobierno y sobre cualesquiera afecten a la vida colegial que le sean normativa o estatutariamente atribuidas.
f) Acordar la fusión, absorción y disolución del Colegio, dictando las oportunas directrices para ello, siempre por mayoría cualificada de dos tercios de la Asamblea General.
g) Establecer las líneas generales de actuación del Colegio con el Consejo Andaluz, Consejo General y Administraciones Públicas.
Capítulo II. La Junta de Gobierno.
Artículo 38. Naturaleza y composición.
1. La Junta de Gobierno es el órgano de representación y gestión del Colegio, al que corresponde, con sujeción al Ordenamiento Jurídico y a los presentes Estatutos.
2. La Junta está compuesta por un Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y, entre uno y cinco Vocales, en función del número de personas colegiadas adscritas al Colegio.
3. Los miembros de la Junta, que deberán estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y corporativos, deberán tener su residencia en Sevilla y un mínimo de seis meses de colegiación.
Artículo 39. Funcionamiento.
1. La Junta deberá reunirse al menos una vez al mes, salvo en Agosto, y con carácter extraordinario cuando la convoque el Presidente por propia iniciativa o por solicitud de, al menos, el 20% de sus miembros.
2. La asistencia a las sesiones es obligatoria, salvo justificada causa de fuerza mayor, entendiéndose como renuncia al cargo la ausencia injustificada a tres consecutivas.
3. Deberá convocarse con el oportuno orden del día, adoptándose los acuerdos por mayoría de votos, con el de calidad del Presidente, debiendo entenderse por tal mayoría la mitad más uno de sus miembros, sin computar las vacantes existentes según lo previsto en estos Estatutos.
Las actas deberán ser aprobadas en la siguiente reunión de la Junta de Gobierno, quedando reflejado tal extremo en el orden del día de la convocatoria.
4. La Junta podrá invitar a sus sesiones a asesores del Colegio, o a otros colegiados si así lo estima oportuno, sin que tengan derecho a voto.
Artículo 40. Funciones.
Corresponde a la Junta de Gobierno el ejercicio de las siguientes funciones:
1. Velar por el cumplimiento y correcta ejecución de los acuerdos de la Asamblea General y promover las iniciativas que ésta le encomiende.
2. Resolver las peticiones de incorporación al colegio y las bajas de sus colegiados.
3. Administrar las normas y sanciones del Colegio y disponer de los recursos e inversiones.
4. Confeccionar, para su remisión a la Asamblea General, la memoria anual de actividades, la memoria económica, presupuestos de cuentas; así como los Reglamentos y normativas que procedan, incluso el Proyecto de Reforma de Estatutos.
5. Ejercer la potestad disciplinaria sobre las/los colegiadas/os.
6. Dirimir los conflictos que surjan en el ejercicio de la profesión y ordenar los Turnos que se creen.
7. Fijar la fecha de celebración de la Asamblea y su orden del día.
8. Informar a los colegiados y resolver sus consultas, quejas y peticiones.
9. Las de coordinación con los Consejos Andaluz y Estatal, ejecutando los acuerdos correspondientes.
10. Tomar todo tipo de acuerdos dirigidos al cumplimiento de los fines y funciones del Colegio siempre que no estén atribuidos a la Asamblea General o a la Presidencia y ordenar lo procedente para que sean ejecutados. En especial, acordar el ejercicio de acciones en nombre del Colegio.
Artículo 41. El/a Presidente/a del Colegio.
Corresponden al cargo de Presidenta/e, las siguientes atribuciones:
1. Representar al Colegio ante los poderes públicos, entidades, corporaciones y personas físicas y jurídicas.
2. Asistir como representante del Colegio a las Asambleas del Consejo General y a las del Consejo Andaluz.
3. Presidir, convocar y dirimir los empates de la Asamblea General del Colegio y la Junta de Gobierno, así como firmar sus actas.
4. Autorizar los informes y solicitudes oficiales del Colegio que se dirijan a autoridades y Corporaciones.
5. Otorgar poderes para pleitos, generales y especiales, incluso con capacidad para comparecer en juicio y responder interrogatorios..
6. Autorizar la apertura de cuentas corrientes bancarias, movimientos de fondos y constitución, modificación y cancelación de garantías, avales, depósitos e hipotecas.
Artículo 42. El/a Vicepresidente/a del Colegio.
Corresponde al vicepresidente/a el ejercicio de las funciones que le sean delegadas por el Presidente, sustituyéndole en caso de ausencia, enfermedad o vacante.
Artículo 43. El/a Secretario/a del Colegio.
Corresponden al Secretario, las siguientes atribuciones:
1. Llevar los libros, documentos, registro y sello del Colegio.
2. Tramitar las solicitudes, comunicaciones y escritos que se reciban, dando cuenta al Presidente.
3. Redactar y firmar las Actas de las reuniones de la Asamblea General y Junta de Gobierno.
4. Redactar la memoria de la gestión anual.
5. Dirigir los servicios administrativos y ostentar la jefatura del personal administrativo y subalterno del Colegio.
6. Emitir informes a instancias del Presidente y la Junta de Gobierno y dar fé de los acuerdos y actos de la Corporación.
Artículo 44. El/a Tesorero/a del Colegio.
Corresponden al Tesorero las siguientes funciones:
1. Recaudar y custodiar los fondos del Colegio.
2. Llevar la contabilidad del Colegio, el inventario de sus bienes, ordenar los pagos y libramientos que inste el Presidente y velar por el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Corporación.
3. Formular la cuenta general de tesorería, preparar el Proyecto de presupuestos anuales, realizar arqueos y balances de situación, supervisando toda la actividad económico-financiera del Colegio.
Artículo 45. Los Vocales de la Junta de Gobierno.
Corresponden a los/as Vocales las siguientes funciones:
1. Les corresponde colaborar en las funciones de la Junta de forma general y en las áreas específicas que se les asignen, asistiendo a sus reuniones y deliberaciones presidiendo las comisiones o ponencias que les atribuya la Junta.
2. Sustituir al Vicepresidente, Secretario y Tesorero en casos de ausencia, enfermedad o vacante, según indique en cada momento el Presidente.
3. El ejercicio de cuantas funciones expresamente les delegue el Presidente.
Artículo 46. Las comisiones y grupos de trabajo.
1. Son aquellos órganos colegiados que se crean para finalidades concretas, careciendo de facultades decisorias.
2. A iniciativa de la Junta de Gobierno se podrá crear las Comisiones de Trabajo que se crean convenientes.
3. Cada una de las comisiones de Trabajo será coordinadas por al menos un miembro de la Junta de Gobierno
Capítulo III. La elección de la Junta de Gobierno.
Artículo 47. Condiciones de elección.
1. Los cargos de la Junta se proveerán mediante elección directa en la que podrán participar todos los colegiados con pleno ejercicio de los derechos corporativos.
2. La duración del mandato de los cargos, en quienes concurrirán los requisitos expresados en estos Estatutos, será de cuatro años con derecho a la reelección.
3. Para todos los cargos se exigirá a los candidatos, además un mínimo de seis meses de colegiación.
4. En ningún caso podrá un mismo candidato presentarse para dos cargos de la Junta de Gobierno
Artículo 48. Electores.
1. Tendrán derecho a voto, secreto y directo, aquellos colegiados inscritos con, al menos un mes de antelación a la fecha de la convocatoria oficial de las elecciones, que estén al corriente del pago de las cuotas colegiales y no hayan sido sancionados/as por infracción grave o muy grave o condenados/as por sentencia firme a la pena de inhabilitación mientras dure el tiempo de cumplimiento.
2. El voto podrá ser emitido personalmente el día de la elección o por correo o sistemas similares, con las debidas garantías de fiabilidad que establezca la Junta de Gobierno en la convocatoria electoral.
Artículo 49. Procedimiento electoral.
1. La convocatoria de elecciones deberá anunciarse por la Junta de Gobierno con un mes de antelación como mínimo a la fecha de su celebración, debiendo comunicarse a todos los colegiados y difundirse en la forma más amplia posible, estableciéndose todos los plazos del proceso electoral.
2. La Junta, con al menos 20 días de antelación a la fecha electoral, hará pública la lista definitiva de los colegiados con derecho a voto, debiendo aquélla quedar expuesta en el tablón de anuncios del Colegio hasta la finalización del proceso.
Los colegiados podrán reclamar en los tres días hábiles siguientes al de exposición de la lista, mediante escrito dirigido a la Junta de Gobierno quien resolverá expresamente en el plazo de tres días hábiles siguientes.
3. Los colegiados que deseen ser candidatos deberán presentar su opción por escrito dirigido al Presidente en los quince primeros días naturales contados a partir de la fecha de la convocatoria.
Expirado dicho plazo, la Junta de Gobierno hará pública la lista de candidatos con expresión del cargo al que opta cada uno en un plazo de cinco días hábiles. Tras su publicación podrán impugnarse tales listas en otro plazo de cinco días hábiles, tras los que resolverá la Junta expresamente dentro de los tres días hábiles siguientes.
4. Los candidatos podrán agruparse en candidaturas completas, integrándose con tantos como cargos hayan de ser elegidos, debiendo tramitarla en la forma indicada quien encabece el grupo.
5. La Mesa Electoral estará compuesta por un Presidente, un Secretario y un Vocal, designados por la Junta de Gobierno entre los colegiados que no se presenten a la elección y tengan 6 meses de antigüedad en la Corporación; haciéndose públicos sus nombres al finalizar el proceso señalando en el apartado tercero, teniendo desde ese momento plenas competencias para solventar cuantas incidencias surjan en el resto del proceso, según se indica en este artículo.
Los candidatos podrán designar interventores, que deberán ser también colegiados, comunicándolo previamente a la Mesa.
6. Los colegiados votarán utilizando sólo una papeleta en la que se agruparán los candidatos por los cargos a los que optan, indicando si pertenecen o no una candidatura múltiple.
El votante se identificará ante la mesa de forma fehaciente y documental, entregando la papeleta al Presidente quien la depositará en la urna, consignando en la lista el nombre del votante.
7. Voto por correo. El voto podrá efectuarse también por correo, a tal efecto sólo se contabilizarán los votos que hayan sido enviados al Colegio con una antelación mínima de tres días a la fecha de la votación.
La papeleta de votación, irá en un sobre cerrado y éste a su vez en otro sobre cerrado en el que conste el nombre, dirección profesional y número de colegiado del/a votante, debiéndose adjuntar en el mismo sobre una fotocopia del Documento Nacional de Identidad del votante, siendo todo ello enviado por correo certificado con acuse de recibo dirigido al/a Presidente/a de la Mesa electoral., garantizándose así su secreto.
Resultarán nulos los votos colectivos, aunque el sobre lo remita una sola persona, de modo que cada sobre deberá contener para su validez un solo voto.
8. Terminada la votación personal en los horarios que se fijen en la convocatoria, se procederá al escrutinio que será público, contabilizando los votos obtenidos por cada candidato, leyéndose el nombre y cargo que figure en cada papeleta. Se considerarán nulos los votos emitidos a favor de quienes no sean candidatos, no estén suficientemente identificados, se altere el cargo para el que se ha presentado o contengan tachaduras, frases o expresiones inconvenientes.
Escrutada la urna se pasará a computar los votos por correo que se hayan recibido hasta ese momento en sobre cerrado, identificado con fotocopia del D.N.I. y firmado por el elector, depositado dentro de otro sobre, en la forma indicada, remitido al Sr. Presidente del Colegio, que entregará el Secretario al Presidente de la Mesa Electoral.
9. La candidatura o los/as candidatos/as que obtengan mayor número de votos serán elegidos/as para los respectivos cargos del Colegio. En el caso de que se produzca un empate a votos entre los/as candidatos/as individuales y las candidaturas colectivas, resultarán elegidos/as los/as candidatos/as o las candidaturas que lleven más tiempo de ejercicio profesional en el Colegio de Sevilla, teniéndose en cuenta en esta comparación la antigüedad de los/as colegiados/as que encabecen las distintas candidaturas.
10. Finalizado el escrutinio del que quedará constancia en Acta firmada por la Mesa y los interventores, debidamente expuesta; durante el día siguiente se podrán efectuar reclamaciones ante la Junta de Gobierno saliente que resolverá en el plazo de dos días hábiles siguientes.
Si la Junta de Gobierno entiende que deben anularse las elecciones lo comunicará al Consejo Andaluz y al Consejo General, debiendo convocar nuevas elecciones en el plazo de un mes. La Junta continuará en funciones hasta que sean proclamados los cargos de la nueva Junta elegida.
11. Resueltas las reclamaciones o sin que se formule ninguna, se procederá a la proclamación de los electos, debiendo tomar posesión en un plazo máximo de 15 días desde entonces.
De inmediato se comunicará a los Consejos Profesionales y a la Administración la composición de la nueva Junta.
Articulo 50. Ausencia de candidaturas.
Si no se hubiere presentado ninguna candidatura, se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones para los puestos en los que concurra tal circunstancia.
Articulo 51. Única candidatura.
1. En el supuesto de que no resultare proclamada más que una candidatura, se considerará elegida/o la/el candidata/o comprendida/o en la misma, sin que proceda votación alguna.
2. Dicha circunstancia será indicada en la comunicación y se pasará seguidamente a la toma de posesión e inicio de funciones sus cargos en el plazo máximo de 15 días.
Artículo 52. De los ceses.
1. Los miembros de la Junta de Gobierno cesarán en sus cargos: por terminación del mandato, por renuncia, fallecimiento o incapacidad; por pérdida de las condiciones de elegibilidad consignadas en estos Estatutos; por condena en Sentencia firme o sanción corporativa que lleven aparejada inhabilitación; moción de censura; baja como colegiado o inasistencia a las sesiones de las Juntas según se indica en este texto.
2. Si por cualquier causa, cesaran en su cargo la mitad más uno de los miembros de la Junta, se convocarán elecciones de forma inmediata para cubrir las vacantes existentes, agotando su mandanto legal el resto de los miembros, quienes seguirán actuando como Junta en el proceso electoral.
Articulo 53. Junta Gestora.
Si, por cualquier causa, los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio quedaran reducidos a menos de cuatro o no existiera Presidencia ni Secretaría, ésta se transformará de manera automática en Junta Gestora o provisional que deberá convocar elecciones en el plazo de un mes según el procedimiento previsto en estos Estatutos
Si no se presentara candidatura alguna, según lo dispuesto en el artículo 48 de estos Estatutos, la Junta saliente convocante tendrá el carácter de Junta gestora o provisional y deberá convocar nuevas elecciones en cuanto se den las condiciones para ello, realizando mientras tanto las tareas ordinarias de administración del Colegio.
Capítulo IV. La moción de censura.
Artículo 54. Moción de censura.
1. La Asamblea General podrá exigir responsabilidad el/a Presidente/a y a cualquier miembro de la Junta de Gobierno de forma individual o conjunta, mediante la adopción, por mayoría absoluta, de un voto de censura.
2. La moción deberá ser propuesta por escrito razonado con la firma de, al menos, el 25 por ciento de los miembros que componen la Asamblea.
3. Si la moción resultase aprobada por la Asamblea Extraordinaria, ésta designará en la misma sesión una Junta de Gobierno provisional que deberá convocar elecciones en el plazo de un mes según el procedimiento previsto en estos Estatutos. En caso de no prosperar, los firmantes de la iniciativa no podrán promover otra, hasta transcurridos seis meses desde la fecha de celebración de la Asamblea.
TÍTULO VI – RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO
Artículo 55. Capacidad patrimonial.
El Colegio Oficial de Sevilla tiene plena capacidad patrimonial para el debido cumplimiento de sus fines y total autonomía para administrar y gestionar sus bienes, sin perjuicio de su necesaria contribución al sostenimiento del Consejo Andaluz y al Consejo General de Colegios.
Artículo 56. Recursos económicos ordinario.
Son recursos ordinarios del Colegio:
a) Las cuotas de inscripción, habilitación y traslado. Se exime del pago de cuotas a los colegiados que pasen a la situación de jubilación.
b) Las cuotas ordinarias y extraordinarias que fije la Asamblea General a propuesta de la Junta de Gobierno.
c) El porcentaje que se fije reglamentariamente sobre los honorarios de los profesionales que sometan sus trabajos a supervisión o visado por el Colegio.
d) Los ingresos por venta de publicaciones, ingresos, suscripciones, expedición de certificaciones, realización de dictámenes, asesoramientos y similares.
e) Los rendimientos de cualquier naturaleza que produzcan sus bienes, y derechos que integran su patrimonio, así como los que produzcan sus actividades y servicios.
Artículo 57. Recursos económicos extraordinarios.
Son recursos extraordinarios:
a) Las subvenciones, donaciones o ayudas de cualquier tipo que le sean concedidas por las Administraciones Públicas, Fundaciones, entidades públicas o privadas y por personas particulares.
b) Bienes y derechos que pasen a formar parte de su patrimonio por herencia, legado, cesión, donación o cualquier otro título.
c) Los generados por rentas, dividendos, intereses y similares procedentes de la gestión de sus recursos.
d) Cantidades y derechos que por cualquier concepto lícito le corresponda recibir.
TÍTULO VII – DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO
Capítulo I. Tipificación de infracciones y sanciones.
Artículo 58. Potestades disciplinarias.
1. Corresponde a la Junta de Gobierno el ejercicio de la potestad disciplinaria sobre los colegiados de Sevilla.
2. Los miembros de la Junta de Gobierno quedan sujetos a la potestad disciplinaria del Consejo Andaluz conforme a lo previsto en el artículo 28.2 de sus Estatutos, en primera y única instancia, sin menoscabo de la potestad del Consejo General para sancionar las infracciones cometidas por aquéllos en relación con sus funciones de participación o representación en el Consejo General.
3. El ejercicio de la potestad disciplinaria se ajustará, en todo caso, a los principios que rigen la potestad sancionadora y el procedimiento sancionador de las Administraciones Públicas.
Artículo 59. Infracciones.
1. Serán sancionables todas las acciones y omisiones en que incurran los colegiados en el ejercicio profesional y que se hallen tipificados como faltas en estos Estatutos, sin perjuicio de lo dicho sobre los miembros de la Junta de Gobierno.
2. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves:
A. Son infracciones leves:
a) La negligencia en el cumplimiento de los deberes profesionales y de las obligaciones colegiales, siempre que éste no constituya infracción muy grave o grave.
b) La falta de respeto hacia otros colegiados.
B. Son infracciones graves:
a) El incumplimiento reiterado de la obligación de pago de las cuotas y cargas colegiales que implique su desatención por seis meses o más, siempre que se hayan sido formalmente requeridos por el Colegio.
b) El menosprecio grave, la injuria y las agresiones a otros colegiados, así como la ofensa grave de la dignidad de otros colegiados, de las personas que formen parte de los órganos de gobierno del Colegio, así como de las instituciones con quien se relacione como consecuencia de su ejercicio profesional.
c) El incumplimiento de los acuerdos adoptados por los órganos del Colegio, del Consejo General y del Consejo Andaluz.
d) La reincidencia en la comisión de faltas leves. A tal efecto se entenderá por reincidencia la comisión de, al menos, cinco infracciones leves en el plazo de dos años.
e) El incumplimiento de los deberes profesionales cuando causen perjuicio a quienes hayan solicitado o concertado la actuación profesional.
f) El incumplimiento de las obligaciones que, respecto a los colegiados, se establecen en las leyes vigentes y en estos Estatutos.
g) La comisión de actos ilícitos que impidan o alteren el normal funcionamiento del Colegio o de sus órganos de gobierno.
h) El encubrimiento del intrusismo profesional.
i) La comisión de, al menos, cinco infracciones leves en el plazo de dos años.
C. Son infracciones muy graves:
a) La comisión de delitos en cualquier grado de participación, como consecuencia del ejercicio de la profesión.
b) El incumplimiento culpable de las obligaciones deontológicas y los deberes profesionales, cuando resulte perjuicio grave para las personas que hayan solicitado o concertado la actuación profesional.
c) La reincidencia en faltas graves. A tal efecto se entenderá por reincidencia la comisión de, al menos, dos infracciones graves en el plazo de dos años.
d) La negligencia en el cumplimiento de los deberes profesionales cuando resulte perjuicio grave a quienes hayan solicitado o concertado la actuación profesional.
e) La vulneración del secreto profesional.
f) Atentar contra los intereses de los consumidores y usuarios en relación con los servicios profesionales prestados por los colegiados, cuando se cause grave perjuicio.
g) La comisión de, al menos, dos infracciones graves en el plazo de dos años.
Artículo 60. Sanciones.
1. La comisión de los actos tipificados en el artículo anterior, podrá determinar, tras la instrucción del oportuno procedimiento, la imposición de las siguientes sanciones:
a) Para las infracciones leves: apercibimiento por escrito o amonestación privada.
b) Para las graves: amonestación pública, suspensión del ejercicio profesional por un período de hasta seis meses y/o privación temporal del derecho a desempeñar cargos corporativos por un periodo de hasta un año.
c) Para las muy graves: suspensión de la condición de colegiado por un periodo máximo de dos años o expulsión del Colegio.
2. En todo caso, para su graduación se atenderá al principio de proporcionalidad entre infracción y sanción.
Artículo 61. Prescripción.
1. Las infracciones leves prescribirán a los seis meses, las graves a los dos años y las muy graves a los tres años, contados a partir de día en que se produjeron los hechos que la motivaron.
2. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del proceso sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente se paralizase durante más de un mes por causa no imputable al colegiado.
3. Las sanciones firmes prescribirán al año para las infracciones leves, a los dos años para las graves y a los tres años para las muy graves, a contar desde el día en que la resolución sancionadora adquiera firmeza.
4. Interrumpirá la prescripción, la ejecución, con conocimiento del colegiado, del procedimiento de ejecución, volviendo a reanudarse el plazo si la ejecución se paraliza durante más de un mes, por causa no imputable al infractor.
Capítulo II. Procedimiento sancionador.
Artículo 62. Actuaciones previas y expediente sancionador.
1. Con anterioridad al inicio del procedimiento sancionador, se podrán realizar actuaciones previas con objeto de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen tal iniciación.
En especial, estas actuaciones se orientarán a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la determinación del o los responsables y las circunstancias relevantes que concurran en uno u otros.
2. Para la imposición de sanciones de cualquier naturaleza, será preceptiva la apertura de expediente sancionador, a cuyo efecto el Presidente/a designará, previo acuerdo de la Junta de Gobierno, un Instructor que podrá ser cualquier colegiado/a, salvo quienes formen parte de la Junta de Gobierno, y al que se aplicará el procedimiento legal de abstención y recusación.
3. La apertura del expediente, que contendrá un relación sucinta de los hechos constitutivos de la infracción y de las sanciones que pudieran ser objeto de aplicación, deberá comunicarse personalmente y de forma fehaciente por el Secretario del Colegio, al interesado a fin de que evacue, en un plazo improrrogable de 15 días hábiles el correspondiente pliego de descargos, efectuando cuantas alegaciones estime pertinentes y proponiendo cuantas pruebas estime necesarias.
La no formulación de alegaciones de descargo no impedirá la continuación del expediente.
4. Practicadas en su caso las pruebas propuestas por el interesado/a y las que de oficio haya acordado el Instructor, éste elevará propuesta de resolución a la Junta en un plazo de diez días, a fin de que dicte la oportuna resolución en otro plazo de veinte días hábiles.
5. En todo lo no contemplado en este artículo sobre el procedimiento sancionador a seguir, será de aplicación lo previsto en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto que regula el procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora o norma que lo sustituya.
Artículo 63. Resolución de expedientes.
1. La resolución de la Junta que será motivada y no podrá referirse a hechos distintos de los que sirvieron de base al pliego de cargos y propuesta del Instructor, deberá comunicarse por escrito y fehacientemente al interesado, en la forma expresada en el artículo anterior.
En su adopción no podrán intervenir ni el Instructor ni quienes hayan actuado por cualquier motivo en el expediente.
2. La resolución que ponga fin al expediente deberá dictarse en el plazo de seis meses desde su, inicio, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causa imputable al interesado. Transcurrido el plazo de caducidad, la Junta de Gobierno emitirá, a solicitud del interesado, certificación en la que conste que ha caducado el procedimiento y se han archivado las actuaciones.
3. Contra la resolución que ponga fin al expediente el interesado podrá interponer recurso de alzada ante el Consejo Andaluz, conforme al artículo 34 de sus Estatutos.
4. Agotada la vía corporativa en esa segunda instancia, el colegiado tendrá acceso a la vía contencioso-administrativa, según ordenan los Leyes reguladoras.
TÍTULO VIII – EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ACTOS COLEGIALES
Artículo 64. Eficacia en los actos y acuerdos.
Los actos y acuerdos de la Asamblea General y de la Junta de Gobierno son inmediatamente ejecutivos, salvo que en los mismos y de forma expresa se establezca lo contrario. No obstante, su eficacia quedará demorada cuando así lo exija su contenido o se halle supeditada a su notificación.
Artículo 65. Libro de actas.
El Colegio llevará dos Libros de Actas, autorizados por las firmas del Presidente/a y Secretario/a, en los que constarán los actos y acuerdos de Asamblea y Junta de Gobierno; así como un Registro General de entradas y salidas, llevado por el Secretario para la debida gestión y constancia documental de cuanto sea necesario.
Artículo 66. Nulidad de pleno derecho.
Los actos del Colegio Oficial serán nulos de pleno en los siguientes supuestos:
a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente, en razón de la materia o el territorio.
c) Los que tengan un contenido imposible.
d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta.
e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados de la Corporación.
f) Los actos expresos o presuntos contrarios al Ordenamiento Jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango legal.
Artículo 67. Anulabilidad.
1. Serán anulables aquellos actos colegiales que incurran en cualquier infracción del Ordenamiento Jurídico aplicable, incluso la desviación de poder.
2. No obstante, el defecto de forma solo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a indefensión de los interesados.
3. La realización de actos fuera del tiempo establecido para ello sólo implicará su anulabilidad cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.
Artículo 68. Recursos.
1. Contra las resoluciones expresas o tácitas del Colegio de Sevilla podrá interponerse recurso de alzada en los términos y plazos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, ante el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales en los términos previstos en sus Estatutos.
2. Las resoluciones del Consejo Andaluz que resuelvan los recursos de alzada ponen fin a la vía administrativa y son recurribles en sede contencioso-administrativa ante los órganos jurisdiccionales con sede en Sevilla capital, salvo la interposición potestativa ante aquél de recurso de reposición, según el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre.
3. Están legitimados para recurrir los actos colegiales:
a) Cuando se trate de actos o acuerdos con efectos jurídicos individualizados: los titulares de un derecho subjetivo o un interés legítimo.
b) Cuando se trate de actos o acuerdos que afecten a una pluralidad de colegiados o al Colegio en sí mismo: cualquier colegiado.
TÍTULO IX – DE LAS DISTINCIONES Y PREMIOS
Artículo 69. Regulación.
Los colegiados podrán ser distinguidos y premiados por Acuerdo de la Asamblea General, a propuesta de la Junta de Gobierno o de colegiados que representen el 5 por ciento del censo, en atención a sus méritos profesionales, colaboración con el Colegio y tiempo de dedicación, así como por su cualidades relevantes en la promoción del Trabajo Social.
TÍTULO X – DISOLUCIÓN DEL COLEGIO
Artículo 70. Disolución.
El acuerdo de disolución del colegio deberá tomarse en Asamblea General Extraordinaria con presencia o representación de la mitad más uno del censo de colegiados y por votación a favor de dos tercios de los presentes .En el acuerdo se aprobará el destino que se ha de dar a los bienes y fondos del Colegio y que siempre revertirán en entidades sin ánimo de lucro vinculadas con el Trabajo Social.
Del acuerdo, junto con la memoria, propuesta de liquidación, inventario y auditorías en la forma prevista en las normas vigentes en Andalucía, se dará inmediato traslado al Consejo Andaluz, al Consejo General y a la Administración de la Junta de Andalucía, para su conocimiento y aprobación.
La Junta de Gobierno, previa autorización de la Administración, actuará en liquidación del patrimonio colegial, de conformidad con las Leyes vigentes.
TITULO XI – FUSIÓN Y SEGREGACIÓN
Artículo 71. Fusión y segregación.
La fusión del Colegio Oficial con otro u otros de la misma profesión deberá aprobarse por Asamblea General Extraordinaria con presencia o representación de la mitad más uno del censo de colegiados y por votación a favor de dos tercios de los presentes o representados. El acuerdo deberá aprobar el procedimiento de subrogación en las relaciones y situaciones jurídicas con el Colegio preexistente y la relación de derechos, bienes y obligaciones que pasen a la titularidad del nuevo Colegio, así como la memoria justificativa de los motivos, causas y conveniencia del nuevo colegio profesional.
De todo ello se dará traslado al Consejo Andaluz, al Consejo General y al órgano competente de la Junta de Andalucía.
TÍTULO XII – DE LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO PARTICULAR DEL COLEGIO
Artículo 72. Procedimiento.
1. Para la modificación de los Estatutos del Colegio, que podrá ser total o parcial, se constituirá una Comisión de Redacción, compuesta por el Presidente del Colegio y tres vocales de la Junta de Gobierno. La modificación se efectuará a propuesta de un número mínimo de veinticinco colegiados o por iniciativa de la Junta de Gobierno.
2. Elaborado el texto de la modificación, se le dará la suficiente difusión, mediante su publicación en tablón de anuncios del Colegio y se insertará en la página web del Colegio para el conocimiento de todos los colegiados, al objeto de que los mismos puedan efectuar alegaciones y proponer las enmiendas que estimen oportunas durante un plazo de veinte días hábiles. El texto permanecerá en la sede del Colegio a disposición de cualquier colegiado para su consulta.
3. Finalizado el plazo a que se refiere el apartado anterior, la modificación deberá aprobarse por la Asamblea General del Colegio por mayoría de dos tercios de los colegiados presentes o legalmente representados, en la sesión extraordinaria convocada al efecto.
4. Aprobada la modificación estatutaria, y previo informe del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales, se someterá a la calificación de la legalidad, aprobación definitiva y posterior inscripción en Registro de Colegios Profesionales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, de Colegios Profesionales de Andalucía.
Disposición Transitoria
Los procedimientos iniciados en el Colegio con anterioridad a la entrada en vigor de estos Estatutos seguirán su curso hasta su resolución, conforme a la normativa anterior.
Disposición Derogatoria
El presente texto deroga en su integridad a los Estatutos anteriores.
Disposición Final
Los Estatutos entraran en vigor al día siguiente de la publicación en el BOJA de la resolución aprobatoria por la Junta de Andalucía o a los seis meses desde la presentación de los mismos en la Consejería competente si no se dicta resolución expresa. Debiendo remitirse este Estatuto al Consejo Andaluz de Colegios y al Consejo General de Colegios.
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