COMUNICADO DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL ANTE EL ACUERDO DE INVESTIDURA PARA LA PRESIDENCIA DE ANDALUCÍA EN LO RELATIVO A INMIGRACIÓN

El Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social, que agrupa a los Colegios Profesionales de Trabajo Social de las ocho provincias andaluzas, quiere manifestar su profunda preocupación por las consecuencias que puede tener para las personas inmigrantes y refugiadas el acuerdo de la investidura del presidente de la Junta de Andalucía. Dicho acuerdo refleja diversas incorrecciones y ambigüedades que pueden confundir a la ciudadanía, además de favorecer medidas que pueden suprimir derechos sociales de los que son beneficiarios, así como promover un discurso de odio que altere la convivencia ciudadana. Desde el trabajo social tenemos una profunda preocupación por el incremento de informaciones inexactas que colocan al colectivo de migrantes en el punto de mira que son secundadas por acuerdos que sólo hacen profundizar en factores de vulnerabilidad que ya poseen. El cuestionamiento de la legislación vigente y el avance en derechos producidos en los últimos años no pueden ser cuestionados, así como tampoco se deben crear espacios donde los discursos racistas y xenófobos encuentren la más mínima legitimidad institucional.

Aunque el texto dedica varios artículos a las personas inmigrantes, en la declaración de intenciones inicial se excluye a estas personas en el compromiso que adquiere la Junta de Andalucía de trabajar decididamente para garantizar la igualdad efectiva de derechos y obligaciones, al referirse solo a la población española y excluye a parte de nuestra población que, sin nacionalidad española, convive y aporta riqueza al territorio, formando parte del desarrollo social, económico y cultural de Andalucía.

La construcción de la Comunidad Autónoma de Andalucía se apoya en los derechos del Estatuto de Autonomía de Andalucía y en los lazos históricos fuertemente arraigados en la convivencia entre culturas. Bajo estas premisas, el Estatuto de Autonomía de Andalucía establece “mecanismos adecuados para promover la participación de los ciudadanos extranjeros residentes en Andalucía” (art. 5.3), y la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, establece que serán titulares de derechos de la presente ley “todas las personas que tengan vecindad administrativa en Andalucía”(art. 6.a), y ofrece igualdad de oportunidades y derechos (del mismo modo que cumplen con una serie de obligaciones) a las personas migrantes y refugiadas, para facilitar su inclusión social, inclusive a aquella que se encuentre en situación administrativa irregular para cumplir con los Derechos Humanos.

Delimitar el apoyo y la garantía de la igualdad efectiva de derechos y obligaciones a la población española excluye a parte de la población que es objeto de intervención en políticas sociales. Además, no garantizar este apoyo sería contrario al principio de universalidad establecido en la ley de Servicios Sociales de Andalucía (art. 25).

El acuerdo también hace referencia al “efecto llamada”, y plantea la necesidad de “cumplir con la legislación vigente en materia de inmigración, evitando todas aquellas decisiones que puedan favorecer un efecto llamada y combatir a las mafias que trafican con personas”.

Los mensajes políticos sobre el “efecto llamada” tiene una connotación alarmista, y no se corresponde con los datos objetivos de fuentes oficiales. En Andalucía, el porcentaje de personas inmigrantes no comunitarios es de algo menos de un 4,2% (INE). Por otro lado, no existe realmente un “efecto llamada”, sino que el fenómeno migratorio está relacionado fundamentalmente con una situación de desigualdad socioeconómica e inseguridad de países terceros. De hecho, la Comunidad Andaluza ha incumplido en materia presupuestaria la dotación económica en materia de Cooperación Internacional y al desarrollo establecida en el Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo 2015-3018 , por lo que aún no ha habido avances en la intención de alcanzar el mínimo del 0,7% recogido en la actual Ley Andaluza de Cooperación. Esto se refleja en el artículo 15 de la Ley Andaluza de Cooperación, donde se establece que la Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía fijará anualmente los créditos destinados a la Cooperación Internacional para el desarrollo que tenderán progresivamente a alcanzar el mínimo del 0,7% en 2020 de los Presupuestos de la Junta de Andalucía.

Por otra parte, pese a la retórica alarmista de las “llegadas masivas” de migrantes, el grueso de los flujos migratorios que llegan y abandonan Europa lo hacen de manera regular por muy sorprendente que parezca. Según FRONTEX Y UNDESA, en el año 2016, por ejemplo, 4,3 millones de personas accedieron de manera legal a la Unión Europea mientras que el número de intentos de acceso irregular no alcanzó el medio millón.

En el acuerdo también se establece el “apoyar material, humana y documentalmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tienen encomendada la protección de las fronteras, garantizando una inmigración ordenada, legal, respetuosa con nuestra cultura occidental, vinculada siempre al mercado laboral”. Haciendo referencia a nuestro Código Deontológico, la profesión del Trabajo Social actúa desde los principios de derecho a la intimidad, confidencialidad y uso responsable de la información en su trabajo profesional. (Art. 11 CD) por lo tanto, es inviable nuestra contribución a facilitar los datos de las personas a las que atendemos.

El fenómeno migratorio es una cuestión estructural en el contexto internacional en el que vivimos. El uso de mensajes alarmistas, generalizaciones, o afirmaciones que no se sustentan en datos reales desvían la atención de las causas de la inmigración y de los dramas personales y familiares que supone a la creación de un pensamiento colectivo de criminalización, desconfianza y odio, potenciando la discriminación hacia este colectivo y dificultando el avance hacia sociedad intercultural e inclusiva.

Desde el Consejo Andaluz de Trabajo Social, queremos hacer manifiesto que tal y como indica nuestro Código Deontológico en su artículo 7, “el Trabajo Social está fundando sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad y la igualdad tal y como se contemplan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las instituciones democráticas y el Estado de Derecho. En ellos se basa la actuación profesional, por medio de la aceptación de los siguientes principios”. Además, cabe destacar que nuestra función y obligación es defender los derechos de las personas a las que atendemos, y no por el contrario tal y como se pretende, contradecir los principios de nuestra profesión.

Se debe concienciar sobre la complicada situación de los migrantes en Andalucía y las condiciones de llegada que viven cientos de personas que cruzan diariamente el mar Mediterráneo. Insuficientes plazas de acogida, externalización de servicios de atención a menores que migran solos, hacinamiento y vulneración de Derechos Humanos en los CIES, donde personas que no han cometido ningún delito son privadas de libertad simplemente por una irregularidad administrativa, etc. hacen que la situación de las personas migrantes sea de extrema vulnerabilidad.

Como colectivo de profesionales del Trabajo Social, queremos reafirmar nuestro compromiso en favor de la acogida, la diversidad, la inclusión, la igualdad de oportunidades, la solidaridad y la defensa de los Derechos Humanos, y pedimos al nuevo Gobierno Andaluz que, dentro de sus competencias:

- Facilite la convivencia ciudadana estableciendo valoración mutua y diversidad cultural, sin imposiciones ni restricciones en el derecho a la libertad de expresión y de las costumbres culturales de cada colectivo.
- Fomente los mensajes sustentados en valores de solidaridad y convivencia en vez de los basados en mensajes inexactos y alarmistas que generan odio, rechazo y desconfianza sobre la población inmigrante.
- Promueva iniciativas socio-políticas que favorezcan la comunicación intercultural, el fomento de la participación activa de todos los sujetos, la promoción de la diversidad cultural, etc.
- Fomente el desarrollo de políticas sociales que sigan colaborando y avanzando en la consecución de los derechos sociales que tenemos reconocidos. Políticas sociales basadas en la igualdad, la solidaridad, la diversidad y la justicia social.
- Políticas sociales que permitan construir una sociedad inclusiva e igualitaria en la diversidad que realmente busca mecanismos y soluciones de acogida a las personas que huyen del hambre, la pobreza, la guerra, la persecución o la desigualdad.
- Cumpla los compromisos presupuestarios de invertir el 0,7% en materia de Cooperación.
- Respete el Código Deontológico del Trabajo Social y asuma que las funciones profesionales en materia de atención social a migrantes implica la aplicación de estos valores recogidos y en ningún momento ninguna acción en contra de los Derechos Humanos y en contra del propio Código y a su vez en contra de las personas a las que atendemos y con las que trabajamos.
- Garantice el acceso de las personas migrantes a servicios y prestaciones sociales básicos en las mismas condiciones que los españoles cualquiera que sea su situación administrativa, conforme a lo establecido en la Ley de extranjería(LOEX) art. 14 y en nuestra normativa autonómica, Ley 9/2016 de Servicios Sociales y Estatuto de Autonomía-
- Valore positivamente las migraciones como una herramienta contra la desigualdad, además de garantizar la no discriminación de las y los trabajadores migrantes en materia de derechos laborales y sociales, garantizando el acceso completo a los servicios sociales básicos como especializados así como el desarrollo de políticas de enfoque intercultural e inclusivo.

El Trabajo Social y sus profesionales estarán alerta sobre cualquier intento de menoscabar derechos o reducir servicios sociales, haciendo un llamamiento a recuperar la gestión pública de recursos especializados y velar por el cumplimiento estricto de la legislación nacional e internacional en materia de migraciones y acogida.

Hoy miembros de la Junta de Gobierno del CODTS de Sevilla han asistido al Foro Global de Gobiernos Locales para compartir este espacio de encuentro con otros profesionales y para visibilizar como el Trabajo Social tiene que estar presente en este tipo de acciones.

Una iniciativa a nivel mundial que cuenta con el apoyo de la ONU, y que está reuniendo desde el 24 al 26 de enero en Sevilla a representantes de gobiernos locales de todo el mundo con el objetivo de poder debatir y analizar grandes desafíos globales para avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible e implementar la Agenda Urbana 2030. Por ello, Sevilla se convierte en una ciudad de referencia en torno al debate del papel que las ciudades deben ocupar en el desarrollo mundial, además de un lugar de encuentro donde poner en común las buenas prácticas que se están llevando a cabo en todo el mundo. Así como consolidar colaboraciones a nivel ambiental, económico, tecnológico y social.

http://forodegobiernoslocalessevilla.com/

Foto (de izquierda a derecha):
D. José Luis Sarasola Sánchez-Serrano. Presidente del Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla
D. Juan Manuel Flores Cordero. Delegado del Área de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla
D. Juan Manuel González González. Vocal del Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla

 

Comunicado El Trabajo Social en movimiento por los derechos de la mujer en Andalucía y resto de España

El CODTS de Sevilla ha participado el 15 de enero en la Movilización feminista celebrada en Sevilla y que ha sido multitudinaria tanto en la concentración celebrada a las 12:00h en el Parlamento de Andalucía como por la tarde a las 19:00h en la Plaza Nueva y que a su vez ha tenido lugar por toda España y otros países como muestra de la defensa y reivindicación de los derechos.

Como miembros del Consejo Andaluz de Trabajo Social compartimos el comunicado realizado junto al Consejo General de Trabajo Social:

"El Consejo General del Trabajo Social (CGTS) y el Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social (CATS) vamos a defender junto al movimiento feminista los derechos de la mitad de la población, las mujeres, en una jornada en la que el lema #NiUnPasoAtrásenIgualdad se replicará por más de 90 ciudades españolas y algunas del extranjero.

El Trabajo Social es una profesión comprometida con los principios la justicia social y los derechos humanos, y por ello trabaja permanentemente por garantizar los derechos indivisibles, universales e indispensables como son la dignidad humana, la libertad y la igualdad, que las instituciones de un Estado de Derecho deben salvaguardar.

Emiliana Vicente González, presidenta del Consejo General del Trabajo Social considera que “Abordar esta lacra social como es la violencia de género significa inexcusablemente el cumplimiento del Pacto de Estado aprobado por todos los partidos políticos. Un pacto de este calibre no debe ser un objeto de negociación q se pueda incumplir fácilmente, pues se pone en riesgo los derechos humanos y la dignidad de las personas, en este caso de las mujeres”.

Bajo este principio, las personas que formamos parte de este colectivo nos sentimos en la obligación de defender los derechos de más de la mitad de la sociedad, las mujeres, y en concreto los que afectan a su protección ante la Violencia de Género, una violencia machista estructural que se ha cobrado la vida de más de mil mujeres en España desde 2003.

Sabemos que los centros de servicios sociales y la red de centros de atención a la mujer son uno de los primeros sistemas de protección a los que una mujer acude en busca de ayuda, aunque no haya denunciado. En 2017 en el 76,5% de los casos de las mujeres asesinadas.

En Fuengirola (Málaga) se ha producido el último crimen machista, el primero en Andalucía en 2019, en el que una Leonor, de 47 años, ha muerto apuñalada por su expareja en presencia de su hijo menor. Es el segundo asesinato en lo que va de 2019, después del de la joven Rebeca en Laredo (Cantabria) el 1 de enero, también apuñalada.

Lejos de retroceder en las medidas de protección contra la Violencia de Género, lo que reivindicamos es que se invierta y dote presupuestariamente para que la normativa sea efectiva, hay que asegurar la protección y reforzar la acción jurídica desde la esfera e intervención social. Sin profesionales, sin recursos y sin protocolos la escalada de violencia seguirá su curso.

En estos momentos la realidad social de nuestro país, el feminismo, se vuelve a cuestionar, se intenta debilitar, reflejo de ello es la desigualdad en base al género como forma de violencia más extendida, justificada e invisibilizada según la propia ONU.

Por todo ello y porque, las y los trabajadores sociales distribuidos en 36 colegios por toda España marcharemos junto a las organizaciones feministas, sociales, políticas que el 15 de enero alzarán su voz en una nueva jornada crucial para defender la dignidad y los derechos humanos. #TSFeminismo

Finalmente, Julio Piedra, presidente del Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social, hace hincapié en la importancia de un Estado de Bienestar con unas Políticas Sociales estables, en donde se garantice aquello por lo que lucha y seguirá luchando el trabajo social, como es el garantizar los derechos universales de la dignidad, la libertad y la igualdad a las/os ciudadanas/os".

 Facebook: clic aquí

PREPARA TUS OPOSICIONES PARA LA JUNTA DE ANDALUCÍA CON EL COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE SEVILLA
Tras el éxito del curso con los grupos presenciales, abrimos una nueva modalidad semipresencial

Fin del plazo de inscripción: 30 enero 2019

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CENTRO DE PERSONAS MAYORES JOAQUÍN ROSILLO Y EL COLEGIO OFICIAL DE DIPLOMADOS/AS EN TRABAJO SOCIAL Y AA.SS. DE SEVILLA, PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES

El Centro de Personas Mayores Joaquín Rosillo tiene como objetivo principal, cuidar y mejorar la calidad de vida de las personas mayores con necesidades asistenciales. Residencia para personas mayores y unidades de estancia diurna.
Es objeto de este Convenio la mutua colaboración en la formación y capacitación de trabajadores/as sociales a través de un período de prácticas formativas. Se pondrá en marcha un programa en conexión con las funciones descritas en el RPT del Centro y conforme al presente convenio.